Un sábado noche cualquiera. Usted y sus amigos se reúnen para tomar unas cervezas en el bar de siempre. Ya no se ven tan a menudo como antes: el trabajo les roba la mayor parte del tiempo, algunos aún siguen estudiando en sus ratos libres, los menos ya empiezan a formar una familia. Alguien menciona que, de vez en cuando, se fuma un porrillo para relajarse. Animados por el alcohol, proponen recordar sus gloriosos años universitarios. “¿No llevarás uno encima?”, preguntan. “Pues claro”, es la respuesta.

Diez minutos más tarde, su menudo grupo pasea silenciosamente en busca de un lugar apropiado; pronto encuentran un parque resguardado de miradas indiscretas. Nerviosos y excitados lo encienden, una calada y pasa al siguiente. Entre risas, ven un vecino aburrido paseando a su perro. Diez minutos más tarde aparecen dos coches patrulla y cuatro agentes están reclamándoles los DNI.

La Ley de Seguridad Ciudadana publicada este 2015, conocida como “Ley mordaza“, sigue el ejemplo de su predecesora (“Ley corcuera“, o de la patada en la puerta) y establece como infracción administrativa grave el consumo de cualquier tipo de droga en la vía pública, así como su tenencia siempre que sea para el consumo propio o compartido. Ya que, si los agentes consideran que la posesión tiene como finalidad el tráfico, se encontraría en una situación diferente de la que hablaremos en una próxima entrada.

Siguiendo el relato, el protocolo habitual es un cacheo por parte de los agentes. Es de dominio público que el registro debe ser superficial, por encima de la ropa (pudiendo mirar en los bolsillos) y llevado a cabo por una persona del mismo sexo, por aquello de los derechos y libertades públicas. Supongamos que su amigo/a guardaba la cantidad justa para liarse tres porros más, que voluntariamente entrega y es requisada por los agentes. Estos le informan de que al ser una infracción grave, se le impondrá una sanción consistente en el pago de una multa que oscilará de 601 a 30.000 euros, y que la denuncia le llegará a casa después del análisis toxicológico. Tembloroso y mareado asiente con la cabeza, pensando en qué caro le va a salir el reencuentro.

Once meses y medio más tarde, recibe la notificación. Mala suerte, dos semanas más y habría prescrito la infracción. Mucha palabrería sobre preceptos infringidos, agentes actuantes, posibles recursos y ante quién interponerlos. Un cuadro con el análisis químico de la sustancia incautada. Y la propuesta de sanción: en este caso, al ser la primera vez, la multa consiste en el mínimo de 601 euros. Casi un mes de sueldo para algunos, llenar la nevera y pagar el alquiler o la hipoteca para otros. Pero podría haber sido peor, ya que la Ley especifica que si en el término de dos años hubiera sido sancionado por el mismo motivo, el importe mínimo de la multa sería 10.401 euros. Todo un paradigma de proporcionalidad y sentido común.

En España se consume cannabis. No debemos olvidar que se trata de una droga, cuyo abuso causa efectos muy perjudiciales, y que es incompatible tanto con el trabajo como con la conducción de vehículos; tal como sucede con el alcohol o con ciertos medicamentos de venta en farmacia. Castigar el consumo con multas no es la solución, aunque el hecho de que ahora no se permita a los sancionados mayores de edad sustituir el pago por un programa de desintoxicación deja clara la vocación recaudatoria.

Próximamente: si en lugar de consumo propio hubieran considerado tráfico.

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